El representante del Poder Ejecutivo afirmo que la sociedad dominicana debe exigir a la Justicia que no se ponga en libertad de manera tan fácil a los delincuentes. Aseguró que muchas veces el mayor problema que tienen las autoridades es capturar a los delincuentes, pero que cuando van a las cárceles, salen con mucha facilidad.
Puede el Ejecutivo hacer este tipo de petición? Me parece que no. La funciones del Poder Ejecutivo desde el ámbito del sistema penal según la Constitución, es la de perseguir y someter ante los tribunales penales a los violadores de la ley penal. La función del Poder Judicial es juzgar y decidir lo que las autoridades o civiles les sometan. Es decir, soltar o no a un imputado.
Cuando el Poder Ejecutivo le pide al Judicial, por medio de la sociedad, que no suelten a los delincuentes, no solo está invadiendo uno de los poderes del Estado sino que le está solicitando que viole la constitución y la ley penal. La libertad de un imputado se puede dar por varias razones de corte legal, constitucional y convencional.
El sistema jurídico penal dominicano posee numerosos mecanismos de excarcelación para un imputado y que el poder judicial no puede ignorar o dejar de aplicar. Tales mecanismos son el vencimiento de la prisión preventiva, la extinción de la acción penal, la variación de la prisión preventiva, el cumplimiento de la condena, etc. Estos mecanismos se le imponen al juez y para el caso de que un juez penal este frente a uno de estos institutos legales y decida dejar al imputado preso entonces estaría violando la constitución y demás ordenamientos legales.
La política de soltar o no a un imputado es un asunto exclusivo del Poder Judicial. Es este poder que sabe cuándo se debe dejar en libertad o no al imputado. Es este poder el cual se encuentra en condición para soltar al imputado de un hecho penal.
Pedirle al Judicial que no suelte a los delincuentes es pedirle que ignore el principio de inocencia que pesa sobre todo imputado. Es pedirles que llene las cárceles de presos. Es pedirles que desconozca las soluciones alternativas que ordena la Constitución como primera repuesta para el imputado. Es en fin, mete más gente presa porque tal vez existe la creencia que a mayor preso menor delincuencia.
Hace unos días en una de mis capsulas penales exprese lo siguientes y lo vuelvo a reiterar en esta capsula porque se ajusta al título de lo que quiero decir. Dije lo siguiente:
“algunas autoridades, lideres, políticos, ciudadano común y demás miembros de esta sociedad culpan a los jueces, y otro a la justicia de que un imputado, el cual se presume inocente hasta que una sentencia firme lo defina como tal, se encuentre en libertad.
Me parece que quienes hacen esos pronunciamientos lo hacen tal vez por ignorancia, otro por hacerse el gracioso, otro por hacer uso de un populismo penal, para el caso de nuestros políticos. Lo que sí es seguro, es que estos pronunciamientos son injustos e inadecuados. Toda vez que es la misma Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes penales que ordenan que todo imputado de un hecho penal, su condición sea estar en libertad.
La condición natural del imputado es estar libre. Por numerosas razones legales. Porque es inocente hasta prueba en contrario, porque no tiene una sentencia definitiva que lo declare culpable, porque debe estar libre para que prepare su defensa, porque no hay condiciones humanas en las congestionadas cárceles, porque un delito no significa que el imputado deberá estar preso. Porque puede haber proceso penal sin preso y porque puede haber un caso penal sin cárcel.
No solo se hace justicia cuando se condena o se encierra. También se hace justicia cuando el imputado se encuentra en libertad. Cuando un imputado está en libertad es porque el sistema jurídico lo permite. Si un imputado que se encuentra en medio de un proceso está libre y comete otro delito, no es culpa del juez, del fiscal, de la policía ni del derecho penal. No es culpa de nadie.”
La repuesta al delito no es meter y tener más presos en las cárceles. También es delito no soltar al que la Constitución y la ley penal lo ordenan.
Autor: John Garrido
